LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL


LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
Raúl. Estévez, 20/03/2018

Amigos,

1. La mejor opción que seguimos teniendo para un cambio político en el corto plazo es la electoral, a través de un proceso constitucional, democrático y libre, apuntalado por la presión internacional con sanciones institucionales y personales, que obliguen a una negociación entre las partes con el objeto de producir un consenso mínimo. Otras alternativas de cambio menos deseables, por lo incierto de sus resultados, podrían provenir de una implosión en el ejército o gobierno, o de una intervención militar externa, justificada por la desestabilización que Venezuela está ocasionando en el continente y la amenaza creciente que representa para la seguridad regional.

2. El apoyo al proceso electoral no es incondicional y está sujeto a que en todo momento se respete el carácter constitucional y democrático de este proceso, de allí que en cualquier negociación que se establezca con el gobierno o el ejército se debe partir del regreso y respeto a la constitución, particularmente, a las normas que ésta establece para la organización y realización de los procesos electorales: reconocimiento de la Asamblea Nacional constitucional para que nombre un nuevo CNE y TSJ legales e imparciales o, por menos, equilibrados, desmilitarización del gobierno, neutralización de los grupos paramilitares armados (colectivos), que se permita votar solamente con la cédula de identidad dentro y fuera del país, como establece la constitución, que se permita la observación (¡no solo acompañamiento!) imparcial e independiente, nacional e internacional, de TODO el proceso electoral, que se liberen y habiiten los líderes de oposición inhabilitados y otros presos políticos, que se respeten los lapsos y otras normas electorales, que se aprueben todas estas condiciones en bloque y no por separado, etc. ¿Qué pasa si no se cumplen estas condiciones?, que las elecciones carecerán de legitimidad de origen y sus resultados no serán reconocidos por la comunidad internacional.

3. Lo anterior vale para regímenes que, en alguna medida respeten la democracia y la constitución, pero en dictaduras totalitarias como las que sufrimos, algunas veces nos vemos obligados a pasar por alto algunas de las consideraciones anteriores, ya bien sea obligados por razones de supervivencia o porque la participación, a pesar del carácter fraudulento de la elección, nos permite ganar algunos espacios y quedar mejor posicionados para seguir luchando, cual fue el caso de las 2 últimas elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando logramos algunas de estas designaciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el costo de esta decisión fue alto, porque con nuestra participación voluntaria contribuimos a legitimar el proceso al considerarlo válido, debilitamos el importantísimo apoyo internacional, opuesto a dicha participación, contribuimos a sembrar la frustración y desesperanza en la población, perdimos credibilidad y mostramos incoherencia en nuestro proceder al reconocer las elecciones como inconstitucionales, pero dispuestos a participar en ellas, aceptando los despojos que nos permitieron.

4. ¿Entonces lo que proponemos es no participar en las presidenciales, dejándole el camino libre a Nicolás con nuestra abstención? Lo primero es que, si reconocemos el proceso como ilegal y tramposo, mal podemos hablar de “abstención”, ya que se trata de una consulta unilateral, inconstitucional y fraudulenta del gobierno, disfrazada de elecciones democráticas, con resultados arreglados, teniendo entonces, más bien, el carácter de un acto interno del PSUV, convocado por 2 instituciones ilegales e inconstitucionales como lo son la ANC y el CNE actuales. Por otro lado, ¿si no participamos nos queda, como única alternativa, ver la elección por la televisión? La agenda política de la oposición no puede limitarse a la participación electoral y a pagar los apoyos con la repartición de los puestos obtenidos. Si bien entiendo que una campaña electoral facilita la movilización popular y nos abre las puertas para intensificar las denuncias de todas las irregularidades cometidas por este gobierno, así como reafirmar nuestra firme decisión de promover un cambio democrático, la presente elección presidencial es diferente a las 2 anteriores y no privan los argumentos que usamos en esa ocasión para participar (“prefiero obligarlos a cometer fraude y no dejarles el camino libre con mi abstención para que ganen las elecciones constitucionalmente”). En primer lugar, se trata de una elección presidencial, a la que la comunidad internacional da particular importancia y si bien las 2 elecciones anteriores también fueron convocadas por la ilegal ANC, se reclamaba su realización desde hacía varios meses, ya que el plazo estipulado constitucionalmente estaba vencido, de tal forma que la opinión internacional les reconocía cierta legitimidad de origen y solamente Almagro, desde la OEA, las cuestionaba. En contraste, a la presente elección no se le reconoce esta legitimidad, tal como ha expresado, contundentemente, la comunidad internacional, que no aceptará sus resultados. Por otra parte, con el éxodo de unos 4 millones de venezolanos, la desesperanza y el miedo sembrados en la población y la desconfianza que inspiran los partidos, dudo que se produzca una avalancha de votos apoyando el cambio, capaz de sobreponerse a la trampa. Finalmente, a menos que los partidos (MUD) y el resto de la oposición caigan en la trampa nuevamente de creer que realmente les permitirán elegir, y decidan participar, unitariamente, en la elección presidencial (¿apoyando a Falcón?) y a los consejos municipales y legislativos (¡caramelo de cianuro para los partidos!), no veo ninguna razón que justifique la participación y la observación nacional o internacional. En cualquier caso, el gobierno no aceptará un presidente de la oposición en elecciones arregladas por ellos, tal como ocurrió con la Asamblea Nacional, a pesar de los 2/3 que sacamos, y con los gobernadores y alcaldes de oposición, a quienes nombraron instituciones y funcionarios paralelos. El mismo gobierno, en boca de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez ha reiterado que no está dispuesto a ceder el poder político a la oposición bajo ninguna circunstancia.

5. Por lo demás coincido con los argumentos adelantados por la Conferencia Episcopal Venezolana, particularmente por el Padre Ugalde, José Virtuoso, Benigno Alarcón y nuestro Cardenal Baltazar Porras, la Comunidad Europea y su Parlamento, la OEA, el Grupo de Lima y otros tantos actores políticos con relación al desconocimiento de estas elecciones tal y como están planteadas.

6. La creación en todo el país de frentes políticos amplios y unitarios dentro de la oposición, que incluyen a la sociedad civil organizada, clero, partidos políticos, chavismo disidente, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, etc., plantea un buen escenario para proseguir la lucha por una Venezuela libre y democrática, donde se respete la constitución y la justicia social. Un primer objetivo de estas organizaciones sería continuar con la lucha pacífica por lograr elecciones libres, constitucionales, democráticas y transparentes, un proyecto país que aborde la urgente rehabilitación y posterior recuperación de Venezuela, y un liderazgo realmente incluyente, representativo de todos los sectores sociales, y competente para diseñar e implementar los retos y tareas que tales iniciativas exigen. Para ello tendríamos que enfrentar, en el corto plazo, algunos obstáculos formidables: a) la organización y dirección de los frentes en el país, b) su articulación, respetando la autonomía y la diversidad de visiones de cada uno, y definiendo mecanismos verdaderamente democráticos para la toma de decisiones (debe evitarse un solo frente nacional centralizado, con frentes regionales subordinados, como ocurre con los partidos), c) la definición de objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, de las tareas específicas que tendrían que abordarse para lograr dichos objetivos, d) superar la desconfianza existente hacia los partidos, indispensables por su experiencia e infraestructura para el funcionamiento de las organizaciones propuestas, y el natural rechazo de éstos últimos hacia la organización participativa de la sociedad civil independiente, por temor a perder la condición de representantes políticos exclusivos del pueblo, que vienen asumiendo desde hace varios años.

7. La posición internacional en torno a la situación venezolana trasciende las fronteras del país y el proceso electoral por realizarse, al percibirse Venezuela, por su ubicación y reservas petroleras y de otros minerales estratégicos, como una pieza importante de la nueva guerra fría entre USA, Rusia y China, y al representar nuestro país una seria amenaza a la seguridad continental por sus estrechas relaciones con Rusia, China, Irán, Hezbollah, Cuba y el narcotráfico internacional, aparte de la desestabilización que está produciendo en los países vecinos con un éxodo desmesurado de población. De tal forma que, independientemente de los resultados electorales, las sanciones probablemente se mantendrán e incrementarán hasta que haya un cambio político importante en el gobierno del país.

8. La Observación Electoral es un proceso diferente al ejercicio del voto, es harina de otro costal. En este caso se trata de certificar que todas las fases de un proceso electoral se cumplan atendiendo al estricto cumplimiento de la norma jurídica que lo definen y, en caso contrario, documentar las irregularidades detectadas. El impacto fundamental de este trabajo se refleja en el informe de la observación que circula a nivel nacional y, sobre todo, internacional. En el caso de la elección presidencial que nos ocupa, la opinión nacional e internacional (Comunidad y Parlamento Europeo, USA, Canadá y la mayoría de los países más importantes de Latinoamérica), a nivel público y oficial, ya adelantaron y formalizaron su veredicto con relación a la legitimidad de las elecciones convocadas por la ANC y el CNE, al declararlas fraudulentas e inconstitucionales, y que de realizarse en los términos y condiciones propuestos, no serán reconocidas como tales, de manera que sus resultados se desconocerán. En consonancia, los países más reconocidos en la materia e instituciones como la ONU, Parlamento Europeo y la Fundación Carter se han negado a participar como observadores internacionales, a menos que el gobierno garantice las condiciones necesarias para que el proceso electoral pueda ser calificado como constitucional y transparente. De no cambiarse los términos de referencia, la observación nacional tendrá muy poco impacto y en todo caso podría considerarse sólo si la oposición organizada decide participar en las elecciones para concejos municipales y asambleas legislativas, con el agravante de que, de no modificarse las condiciones para su realización, también estaríamos contribuyendo a legitimar esta elección como un proceso electoral válido.

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