LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
LA
ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
Raúl.
Estévez, 20/03/2018
Amigos,
1. La
mejor opción que seguimos teniendo para un cambio político en el corto plazo es
la electoral, a través de un proceso constitucional, democrático y libre,
apuntalado por la presión internacional con sanciones institucionales y
personales, que obliguen a una negociación entre las partes con el objeto de
producir un consenso mínimo. Otras alternativas de cambio menos deseables, por
lo incierto de sus resultados, podrían provenir de una implosión en el ejército
o gobierno, o de una intervención militar externa, justificada por la
desestabilización que Venezuela está ocasionando en el continente y la amenaza
creciente que representa para la seguridad regional.
2. El
apoyo al proceso electoral no es incondicional y está sujeto a que en todo
momento se respete el carácter constitucional y democrático de este proceso, de
allí que en cualquier negociación que se establezca con el gobierno o el
ejército se debe partir del regreso y respeto a la constitución,
particularmente, a las normas que ésta establece para la organización y
realización de los procesos electorales: reconocimiento de la Asamblea Nacional
constitucional para que nombre un nuevo CNE y TSJ legales e imparciales o, por
menos, equilibrados, desmilitarización del gobierno, neutralización de los
grupos paramilitares armados (colectivos), que se permita votar solamente con
la cédula de identidad dentro y fuera del país, como establece la constitución,
que se permita la observación (¡no solo acompañamiento!) imparcial e
independiente, nacional e internacional, de TODO el proceso electoral, que se
liberen y habiiten los líderes de oposición inhabilitados y otros presos
políticos, que se respeten los lapsos y otras normas electorales, que se
aprueben todas estas condiciones en bloque y no por separado, etc. ¿Qué pasa si
no se cumplen estas condiciones?, que las elecciones carecerán de legitimidad
de origen y sus resultados no serán reconocidos por la comunidad internacional.
3. Lo
anterior vale para regímenes que, en alguna medida respeten la democracia y la
constitución, pero en dictaduras totalitarias como las que sufrimos, algunas
veces nos vemos obligados a pasar por alto algunas de las consideraciones anteriores,
ya bien sea obligados por razones de supervivencia o porque la participación, a
pesar del carácter fraudulento de la elección, nos permite ganar algunos
espacios y quedar mejor posicionados para seguir luchando, cual fue el caso de
las 2 últimas elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando logramos algunas
de estas designaciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el costo de
esta decisión fue alto, porque con nuestra participación voluntaria
contribuimos a legitimar el proceso al considerarlo válido, debilitamos el
importantísimo apoyo internacional, opuesto a dicha participación, contribuimos
a sembrar la frustración y desesperanza en la población, perdimos credibilidad
y mostramos incoherencia en nuestro proceder al reconocer las elecciones como
inconstitucionales, pero dispuestos a participar en ellas, aceptando los
despojos que nos permitieron.
4.
¿Entonces lo que proponemos es no participar en las presidenciales, dejándole
el camino libre a Nicolás con nuestra abstención? Lo primero es que, si
reconocemos el proceso como ilegal y tramposo, mal podemos hablar de
“abstención”, ya que se trata de una consulta unilateral, inconstitucional y
fraudulenta del gobierno, disfrazada de elecciones democráticas, con resultados
arreglados, teniendo entonces, más bien, el carácter de un acto interno del
PSUV, convocado por 2 instituciones ilegales e inconstitucionales como lo son
la ANC y el CNE actuales. Por otro lado, ¿si no participamos nos queda, como
única alternativa, ver la elección por la televisión? La agenda política de la
oposición no puede limitarse a la participación electoral y a pagar los apoyos
con la repartición de los puestos obtenidos. Si bien entiendo que una campaña
electoral facilita la movilización popular y nos abre las puertas para
intensificar las denuncias de todas las irregularidades cometidas por este
gobierno, así como reafirmar nuestra firme decisión de promover un cambio
democrático, la presente elección presidencial es diferente a las 2 anteriores
y no privan los argumentos que usamos en esa ocasión para participar (“prefiero
obligarlos a cometer fraude y no dejarles el camino libre con mi abstención
para que ganen las elecciones constitucionalmente”). En primer lugar, se trata
de una elección presidencial, a la que la comunidad internacional da particular
importancia y si bien las 2 elecciones anteriores también fueron convocadas por
la ilegal ANC, se reclamaba su realización desde hacía varios meses, ya que el
plazo estipulado constitucionalmente estaba vencido, de tal forma que la
opinión internacional les reconocía cierta legitimidad de origen y solamente
Almagro, desde la OEA, las cuestionaba. En contraste, a la presente elección no
se le reconoce esta legitimidad, tal como ha expresado, contundentemente, la
comunidad internacional, que no aceptará sus resultados. Por otra parte, con el
éxodo de unos 4 millones de venezolanos, la desesperanza y el miedo sembrados
en la población y la desconfianza que inspiran los partidos, dudo que se
produzca una avalancha de votos apoyando el cambio, capaz de sobreponerse a la
trampa. Finalmente, a menos que los partidos (MUD) y el resto de la oposición
caigan en la trampa nuevamente de creer que realmente les permitirán elegir, y
decidan participar, unitariamente, en la elección presidencial (¿apoyando a
Falcón?) y a los consejos municipales y legislativos (¡caramelo de cianuro para
los partidos!), no veo ninguna razón que justifique la participación y la
observación nacional o internacional. En cualquier caso, el gobierno no aceptará
un presidente de la oposición en elecciones arregladas por ellos, tal como
ocurrió con la Asamblea Nacional, a pesar de los 2/3 que sacamos, y con los
gobernadores y alcaldes de oposición, a quienes nombraron instituciones y
funcionarios paralelos. El mismo gobierno, en boca de Diosdado Cabello y Delcy
Rodríguez ha reiterado que no está dispuesto a ceder el poder político a la
oposición bajo ninguna circunstancia.
5. Por
lo demás coincido con los argumentos adelantados por la Conferencia Episcopal
Venezolana, particularmente por el Padre Ugalde, José Virtuoso, Benigno Alarcón
y nuestro Cardenal Baltazar Porras, la Comunidad Europea y su Parlamento, la
OEA, el Grupo de Lima y otros tantos actores políticos con relación al
desconocimiento de estas elecciones tal y como están planteadas.
6. La
creación en todo el país de frentes políticos amplios y unitarios dentro de la
oposición, que incluyen a la sociedad civil organizada, clero, partidos
políticos, chavismo disidente, colegios profesionales, sindicatos,
organizaciones estudiantiles, etc., plantea un buen escenario para proseguir la
lucha por una Venezuela libre y democrática, donde se respete la constitución y
la justicia social. Un primer objetivo de estas organizaciones sería continuar
con la lucha pacífica por lograr elecciones libres, constitucionales,
democráticas y transparentes, un proyecto país que aborde la urgente
rehabilitación y posterior recuperación de Venezuela, y un liderazgo realmente
incluyente, representativo de todos los sectores sociales, y competente para
diseñar e implementar los retos y tareas que tales iniciativas exigen. Para
ello tendríamos que enfrentar, en el corto plazo, algunos obstáculos
formidables: a) la organización y dirección de los frentes en el país, b) su
articulación, respetando la autonomía y la diversidad de visiones de cada uno,
y definiendo mecanismos verdaderamente democráticos para la toma de decisiones
(debe evitarse un solo frente nacional centralizado, con frentes regionales
subordinados, como ocurre con los partidos), c) la definición de objetivos
claros en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, de las tareas
específicas que tendrían que abordarse para lograr dichos objetivos, d) superar
la desconfianza existente hacia los partidos, indispensables por su experiencia
e infraestructura para el funcionamiento de las organizaciones propuestas, y el
natural rechazo de éstos últimos hacia la organización participativa de la
sociedad civil independiente, por temor a perder la condición de representantes
políticos exclusivos del pueblo, que vienen asumiendo desde hace varios años.
7. La
posición internacional en torno a la situación venezolana trasciende las
fronteras del país y el proceso electoral por realizarse, al percibirse
Venezuela, por su ubicación y reservas petroleras y de otros minerales
estratégicos, como una pieza importante de la nueva guerra fría entre USA,
Rusia y China, y al representar nuestro país una seria amenaza a la seguridad
continental por sus estrechas relaciones con Rusia, China, Irán, Hezbollah,
Cuba y el narcotráfico internacional, aparte de la desestabilización que está
produciendo en los países vecinos con un éxodo desmesurado de población. De tal
forma que, independientemente de los resultados electorales, las sanciones probablemente
se mantendrán e incrementarán hasta que haya un cambio político importante en
el gobierno del país.
8. La
Observación Electoral es un proceso diferente al ejercicio del voto, es harina
de otro costal. En este caso se trata de certificar que todas las fases de un
proceso electoral se cumplan atendiendo al estricto cumplimiento de la norma
jurídica que lo definen y, en caso contrario, documentar las irregularidades
detectadas. El impacto fundamental de este trabajo se refleja en el informe de
la observación que circula a nivel nacional y, sobre todo, internacional. En el
caso de la elección presidencial que nos ocupa, la opinión nacional e
internacional (Comunidad y Parlamento Europeo, USA, Canadá y la mayoría de los
países más importantes de Latinoamérica), a nivel público y oficial, ya
adelantaron y formalizaron su veredicto con relación a la legitimidad de las
elecciones convocadas por la ANC y el CNE, al declararlas fraudulentas e
inconstitucionales, y que de realizarse en los términos y condiciones
propuestos, no serán reconocidas como tales, de manera que sus resultados se
desconocerán. En consonancia, los países más reconocidos en la materia e
instituciones como la ONU, Parlamento Europeo y la Fundación Carter se han
negado a participar como observadores internacionales, a menos que el gobierno
garantice las condiciones necesarias para que el proceso electoral pueda ser
calificado como constitucional y transparente. De no cambiarse los términos de
referencia, la observación nacional tendrá muy poco impacto y en todo caso
podría considerarse sólo si la oposición organizada decide participar en las
elecciones para concejos municipales y asambleas legislativas, con el agravante
de que, de no modificarse las condiciones para su realización, también estaríamos
contribuyendo a legitimar esta elección como un proceso electoral válido.
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